Lozoya y los privilegios que le otorgó la FGR

Ya son más de 8 meses y contando sin que la FGR de Gertz Manero tenga resultados positivos sobre el caso de Emilio Lozoya Austin que además de enriquecerse por la corrupción en su cargo, ha gozado de privilegios inexplicables que nunca se había visto en la historia reciente de México, permitiéndosele una vida de jeque árabe en su lujoso departamento en Polanco, pero veamos más

Este fin de semana se cumplirán 8 meses y medio de que Emilio Lozoya Austin fue traído a México desde España, en calidad de preso y en cumplimiento a una solicitud de extradición del gobierno mexicano. En todo ese tiempo el exdirector de Pemex, acusado de desvíos millonarios en la petrolera nacional, de recibir sobornos de la compañía brasileña Odebrecht y de enriquecerse por la corrupción en su cargo, ha gozado de inexplicables privilegios que no se le otorgan a ningún otro presunto delincuente en México: nunca pisó la cárcel ni siquiera para escuchar los cargos que se le imputaban, nunca se permitió a los medios fotografiarlo detenido ni se difundió ninguna foto suya desde su llegada al país y le han permitido seguir su proceso en la comodidad de su lujoso departamento en Polanco.

Todos esos privilegios se los otorgó la Fiscalía General de la República cuando decidió otorgarle el criterio de oportunidad y la posibilidad de convertirse en “testigo colaborador” porque, supuestamente, daría a cambio información y pruebas que llevarían o a la detención de superiores jerárquicos que participaron en los actos de corrupción, sobornos y desvíos de los que se le acusan (léase ex secretarios como Luis Videgaray, Pedro Joaquín Coldwell o el ex presidente Enrique Peña Nieto) o bien a políticos de distintos partidos que recibieron parte de los sobornos millonarios que le entregaron a Lozoya los directivos y dueños de Odebrecht.

Pero después de medio año lo único que ha habido hasta ahora en este caso han sido filtraciones, especulaciones y mucho show mediático —incluido el que se armó desde Palacio Nacional— porque en los hechos, 255 días después de la extradición de Lozoya, no hay ningún detenido, apenas había un expediente judicializado y de los 70 nombres que Emilio Lozoya mencionó en su declaración testimonial no hay ni siquiera uno de ellos indiciado o acusado formalmente.

} El único expediente que la FGR había logrado judicializar, con base en la “colaboración” de Lozoya, era el del exsenador panista Jorge Luis Lavalle, a quien acusaron de asociación delictuosa, cohecho y lavado de dinero, luego de que la UIF le documentó movimientos por 60 millones de pesos en sus cuentas, además de gastos y transferencias de dinero que rebasan con mucho su capacidad y sus dietas en el Senado. Pero de la manera más extraña y sospechosa, justo el día que se debía realizar la primera audiencia de ese juicio en contra del panista campechano, el Ministerio Público Federal se desistió de los cargos en contra de Lavalle y retiró su denuncia, aunque oficialmente se informó que sólo se había tratado de una “posposición” de la audiencia solicitada por la FGR.

Y en medio de todo esto está el silencio del fiscal Alejandro Gertz, que a pesar de haber anunciado con bombo y platillo que a partir del 21 de enero pasado se iban a judicializar varios casos de políticos y exfuncionarios acusados por Lozoya, parece haberse desentendido o perdido interés en el caso, mientras se dedicó a cabildear la aprobación de su polémica Ley Orgánica de la FGR que recientemente le aprobó el Senado en medio de críticas y cuestionamientos, lo mismo de organismos extranjeros como la ONU-Derechos Humanos, que de integrantes del gabinete federal como Alejandro Encinas y Santiago Nieto, que consideran esta ley como “regresiva, peligrosa para los derechos humanos de los mexicanos” y que derrumba todo el diseño que el presidente López Obrador ordenó para una Fiscalía autónoma y eficiente en el combate a los delitos.

El problema que ahora tiene don Alejandro Gertz es que se le agota el tiempo legal para proceder en el caso Lozoya y demostrar que todos los beneficios legales y privilegios que aceptó otorgarle al exdirector de Pemex —desde que lo trajo de España con una petición de extradición redactada por los abogados del acusado, todos del despacho del juez Baltazar Garzón— realmente justifican haberle dado la calidad de “testigo” y el criterio de oportunidad, porque si no hay ningún acusado o procesado, se vería obligado legalmente a cancelar la colaboración y a meter a la cárcel a Lozoya Austin para que sea procesado por los delitos que se le imputaron y que ameritarían prisión preventiva oficiosa, sino por ley, sí porque se trata de un prófugo de la justicia.

Ya veremos si don Alejandro Gertz despierta de su letargo y hace algo con el caso Lozoya o si de plano el tema ya se le desinfló y tendrá que proceder, lo quiera o no, contra el acusado exdirector de Pemex. Y más vale que el fiscal se mueva antes de que, una vez más el presidente López Obrador, que, aunque no es su jefe formal sí lo es políticamente, le vuelva a tronar los dedos y a regañarlo públicamente porque “no avanzan los casos”, como ya lo hizo una vez. Porque la molestia es mucha en Palacio Nacional, ante la lentitud, el tortuguismo y la falta de eficacia para concretar sus acusaciones de la FGR. Y si ya una vez el presidente le dio un manotazo al fiscal para que se moviera, el siguiente puede ser mucho más duro.

 

Fuente: Diarios e internet texto Salvador García Soto