Con la venta reciente por parte de Iberdrola de 13 de sus plantas de generación de electricidad, el presidente al parecer no sabe que la venta fue un acuerdo entre particulares, entre precisamente esa empresa española y una administradora de fondos de inversión llamada (MIP), apalancada esta última con deuda del sector público a través del (Fonadin).
Al contrario de la declaración que hizo el presidente hace unos días acerca de una “nacionalización” en ese sector, esas plantas de generación eléctrica no serán activos del Estado y menos de la Comisión Federal de Electricidad (CFE). Esas plantas serán simplemente arrendadas, previo pago de una módica suma, por MIP a la CFE para que ésta, cada día con más problemas de operación, pueda seguir generando electricidad.
Los mexicanos también perdimos, la generación de la electricidad en esas 13 plantas estará a cargo de la propia CFE, y aun cuando hay ciertamente trabajadores muy productivos que trabajan en esa empresa pública, también hay una burocracia altamente ineficiente. Además, los costos de operación de la CFE son significativamente más altos que en cualquier empresa privada del sector eléctrico, si no por otra cosa porque la edad de retiro no es a los 65 años sino a los 55 (otra grilla de Bartlett), lo cual implica mayores costos.
Por tanto, una de dos, o habrá eventualmente mayores tarifas eléctricas para los usuarios o el gobierno federal tendrá que subsidiar aún más la electricidad. El presidente, sobra añadir, elegirá esta segunda opción y todos acabaremos por pagar el pato.
Para el Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (Ceesp), la decisión del gobierno mexicano de comprar 13 plantas eléctricas a Iberdrola fue mala, pues implica más presiones al presupuesto, recursos que mejor deberían aprovecharse para la atracción de inversiones conocido como nearshoring.
¿Pero que es el nearshoring?
El nearshoring consiste en mudar las fábricas del país de origen a uno cercano en el que todo sea más barato: el salario de los obreros, la electricidad y los combustibles, los insumos… y hasta los impuestos.
En su análisis semanal, el grupo de expertos de la iniciativa privada apuntó que tiene tres implicaciones negativas; la primera es que da una señal negativa hacia la inversión en el país, ya que actualmente la preferencia revelada del gobierno es más bien por objetivos políticos ante la cercanía del proceso electoral.
La segunda es que, aunque las generadoras son productivas y probablemente eficientes, su adquisición conlleva gastos de mantenimiento a futuro que serán difíciles de solventar; “enfrentan problemas de suficiencia de recursos para el mantenimiento de la infraestructura”.
Por último, el grupo mencionó que en este momento, sería más importante que la política concentrada en crear facilidades para provecho al nearshoring.
En conclusión, el Ceesp mencionó que aunque la adquisición de las plantas puede considerarse como inversión, esto no implica que aumente la generación de electricidad, pero sí la necesidad de mayores recursos públicos para mantener su operación en el tiempo.
“Dichos recursos pueden ser escasos ante la debilidad estructural de las fuentes del sector público y la necesidad de mayor gasto en otros temas que tienen más relevancia para el bienestar de la población, como salud, educación y seguridad”, finalizó.
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